El presidente del Concejo presentó denuncias de nuevas irregularidades en UNE


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Martes 24 de julio de 2012

 

N° 366

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO

PRESENTÓ DENUNCIAS DE NUEVAS

IRREGULARIDADES EN UNE

 

Los concejales expresaron que si bien UNE se rige laboralmente por el derecho privado, esta empresa es cien por ciento pública y, en consecuencia, sujeta a control político, fiscal y disciplinario.

 

Varios nombramientos para un mismo funcionario, cargos ocupados simultáneamente por distintos empleados y conflictos de intereses de altos directivos en perjuicio de los intereses públicos, fueron parte de las denuncias presentadas hoy por el presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, en la sesión plenaria en la que la Corporación debatió diversos aspectos de gran relevancia en UNE Telecomunicaciones.

 

Guerra Hoyos, del Partido Liberal, primera bancada citante del debate, afirmó que la auditoría interna de la empresa evidenció cerca de 88 directivos cuyos nombramientos merecieron varias observaciones, entre ellas que no se hizo la revisión de competencias antes de los nombramientos, y especialmente que a 20 directivos se les hizo el respectivo nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos para sus respectivos cargos, los cuales cuestan a la empresa cerca de 6.600 millones de pesos al año.

 

Manifestó que los procesos disciplinarios que se adelantan en la Personeríade Medellín y en la Oficina de Control Interno Disciplinario de UNE corren el riesgo de quedar en la impunidad si la empresa decide violentar la normatividad que cobija a sus servidores públicos en materia disciplinaria.

 

Los controles públicos que recaen sobre la empresa buscan su depuración y fortalecimiento, especialmente, el control político que se ejerce en contra de las irregularidades, y no de la compañía como en ocasiones se mal interpreta, agregó el presidente de la Corporación.

 

El concejal Yefferson Miranda Bustamante, del Partido Verde, segunda bancada citante, aseguró que la diferencia que existe entre los salarios de los directivos de UNE en relación con los de otras empresas de naturaleza pública de Medellín, como Empresas Públicas, se justifica porque UNE está en un mercado de competencia, mientras que entidades como EPM ejercen un monopolio del sector en Medellín y Antioquia.

 

Los concejales expresaron que si bien UNE se rige laboralmente por el derecho privado, esta empresa es cien por ciento pública y, en consecuencia, sujeta a control político, fiscal y disciplinario.

 

El control político que ejercemos, agregaron, tiene como propósito fortalecer la compañía para su rentabilidad y sostenimiento competitivo frente a las empresas de telecomunicaciones que han incursionan en el país. Sin embargo, UNE debe asumir su responsabilidad social y política frente a los hechos denunciados.

 

Reconocieron que el derecho privado, por el cual se rige la empresa, aunque permite diferentes formas de contratación y salarios con criterios de mercado, debe controlar el filtro de contratación, ajustando los perfiles a las necesidades de la compañía, debido a que parte de las pérdidas acumuladas de la empresa ocurre por la falta de austeridad y por el manejo indebido de gastos de contratación de funcionarios.

 

El Contralor General de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna, informó que esa dependencia investiga presunto detrimento patrimonial y responsabilidad fiscal de UNE por cerca de 10 mil millones de pesos.

 

El Personero, Rodrigo Ardila Vargas, afirmó que la entidad adelanta más de 20 procesos en los que se avalúan posibles faltas disciplinarias que comprometen a directivos de UNE, con base en hechos denunciados por el presidente del Concejo.

 

Participaron en la sesión el Presidente de UNE, Marc Eichmann Perret, expertos en derecho administrativo y telecomunicaciones y voceros del sindicato de empleados de Empresas Públicas de Medellín.

 

El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos presentó las siguientes conclusiones del debate:

 

·        Los hechos de corrupción administrativa y de despilfarros al interior de UNE EPM Telecomunicaciones, denunciados en anteriores debates de control político, no han sido depurados. Incluso, se han puesto en evidencia otros nuevos, como varios nombramientos para un mismo funcionario, cargos ocupados por varios funcionarios al mismo tiempo, y conflictos de intereses de altos directivos en perjuicio de los intereses públicos.

 

·        La auditoría interna de la empresa, evidenció cerca de 88 directivos cuyos nombramientos merecieron varias observaciones, entre ellas, que no se hizo la revisión de competencias antes de los nombramientos, y, especialmente, que a 20 directivos se les hizo el respectivo nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos para sus respectivos cargos. Estos últimos funcionarios le cuestan a la empresa, cerca de 6.600 millones de pesos al año.

 

·        La Contraloría de Medellín actualmente investiga presunto detrimento patrimonial en la empresa por cerca de 10 mil millones de pesos, y la Personería de Medellín adelanta más de 20 procesos en los que se avalúan posibles faltas disciplinarias que comprometen a directivos de UNE EPM Telecomunicaciones, por aspectos denunciados en el ejercicio del control político.

 

·        Los procesos disciplinarios que se adelantan actualmente en la Personería de Medellín y en la Oficina de Control Interno Disciplinario, corren en riesgo de quedar en la impunidad si la empresa decide violentar la normatividad que cobija a sus servidores públicos en materia disciplinaria, y desmontar, sin competencia para ello, el sistema de control disciplinario que le impone la Ley 734 de2002. En el debate no se cuestiona que la empresa se rija por el derecho privado para sus actos y contratos, ni mucho menos que su régimen laboral sea el privado; sin embargo, es llamativo que por esa situación, se esté argumentando que las conductas de los servidores de esa empresa no estén sujetas al control disciplinario que le corresponde a esa empresa, que es cien por ciento pública.

 

·        El control político, como uno de los controles a los que está sometida la empresa por la Constitución y la Ley, seguirá estando atento a que se den los procesos de depuración en la empresa, que son necesarios para que pueda estar en condición de arrojar utilidades al Municipio, en vez de arrojar las cuestionables pérdidas de los últimos años.

 

El concejal Yefferson Miranda Bustamante presentó las siguientes conclusiones del debate:

 

·        Una Empresa de Servicios Públicos Domiciliario filial de una Empresa Industrial y Comercial del estado puede hacer transacciones con empleados que van a salir de la empresa, pues la transacción es el equivalente a la indemnización cuando no hay mutuo acuerdo para la terminación del contrato.

 

·        Los empleados de una ESPD filial de una EICO NO están sometidos a control disciplinario de Ley 734, excepto cuando estén en ejercicio de función pública.

 

·        La diferencia que existe entre los salarios de directivos de UNE con relación a otras empresas de naturaleza publica de Medellín como EPM se justifica, por que UNE esta en un mercado de competencia, mientras que empresas como EPM ejercen un monopolio del sector en Medellín inicialmente y en Antioquia

 

·        El régimen jurídico de derecho privado para UNE se justifica en tanto debe tener normas que le permitan competir con las empresas del sector, que son por regla general privadas

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Corporación Administrativa de elección popular, que estudia y aprueba propuestas para el desarrollo de la ciudad.

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